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La comunidad indígena de La Odisea será la primera población en donde los expertos de Medicina Legal comenzarán las valoraciones ordenadas por la Corte Constitucional.

Este jueves 7 de abril comenzarán los exámenes del Instituto de Medicina Legal en las comunidades aledañas a la operación de Cerro Matoso y que fueron ordenados por la Corte Constitucional, según solicitud de la misma empresa minera.

La muestra poblacional que será examinada es de 1.540 personas a quienes se les tomarán pruebas de sangre, orina y rayos X de tórax. Este proceso médicolegal se aplicará en las comunidades indígenas de La Odisea, Centroamérica, Torno Rojo, Puente Uré, Pueblo Flecha, Puerto Colombia,  Bocas de Uré y miembros del Consejo Comunitario de San Jose de Uré.

 

Reacciones

El Gobernador Indígena Irrael Aguilar Solano, destacó el interés de Cerro Matoso para aclarar la controversia, así como de Medicina Legal para avanzar en los exámenes. “Creo en la buena fe y siento confianza en las instituciones que van realizar el procedimiento. A su vez, al ver que todo va por buen camino, agradezco la intervención de la Corte Constitucional en este proceso para agilizar los trámites. Me llevo una expectativa muy positiva frente al proceso. Destaco el interés que tiene la empresa en llevar a cabo estos estudios para determinar si existen o no los contaminantes. Esperemos que se puedan dar resultados favorables para ambas partes, no solamente para la comunidad, sino para la empresa y que podamos empezar a formalizar acciones que tengan que ver con el desarrollo permanente de esas comunidades”, dijo.    

El Instituto de Medicina Legal informó a la Corte Constitucional sobre el costo de los exámenes que fue presupuestado en $771 millones de pesos.

El costo total de los exámenes es asumido por la empresa Cerro Matoso, ya que fue la entidad que solicitó a la Corte Constitucional ordenar la toma de las pruebas. El Alto Tribunal así lo determinó desde diciembre de 2014 y en febrero de este año se extendió una prórroga de seis meses para que se cumpla con la orden  que es responsabilidad de Medicina Legal. 

Resultados en agosto

Explicó el Subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, Pedro Emilio Morales Martínez que, “el instituto, con otras entidades del orden nacional (Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud), elaboró un protocolo de trabajo y va a realizar un estudio en las comunidades para medir si hay afectación. Dentro del protocolo que Medicina Legal realiza está reunirse con las comunidades y explicar el procedimiento y eso es lo que hicimos hoy. El trabajo se comienza en el mes de abril y parte de mayo y los resultados los estaremos entregando los primeros días de agosto, según lo exigido por la Corte Constitucional. Vamos a ir a cada una de las comunidades, hay una muestra aleatoria de los pobladores de las comunidades alrededor de la mina y se va a examinar a una muestra representativa de la población con el protocolo de trabajo ya estipulado científicamente”.

 

“Nuestra operación no afecta la salud”

El Vicepresidente de Asuntos Externos de Cerro Matoso, Luis Eduardo Marulanda, dijo que, “hoy se está iniciando el peritazgo médico que solicitó Cerro Matoso desde el año 2014 a la Corte Constitucional. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que nuestra operación no afecta la salud, ni el ambiente alrededor de las comunidades. La compañía brinda todas las garantías, cumple todos los protocolos de seguridad industrial y ambiental. Lo dicen las firmas que nos auditan anualmente. Hoy en día, las comunidades están participando directa y activamente en los procesos de monitoreo, son ellos quienes toman las muestras y divulgan los resultados al resto de las comunidades. La vigilancia de nuestros procesos en materia ambiental la ejerce la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero también hay participación de la Agencia Nacional de Minería, del Ministerio de Minas y Energía y, por supuesto, por la CVS, la corporación autónoma regional.”

Desde que Cerro Matoso inició labores de explotación en la zona, ha tenido como prioridad proteger a las comunidades y al medio ambiente incluso más allá de la normativa fijada por los entes oficiales. Para los efectos ha realizado estudios científicos y ha colaborado integralmente con las investigaciones que han adelantado diferentes entidades.

Los resultados precisan que las afecciones mencionadas son recurrentes en toda la Costa Atlántica y que no son consecuencia de las prácticas mineras sino relacionadas con necesidades básicas insatisfechas, falta de agua potable, calidad de la educación, condiciones ambientales propias del territorio, cocinar con leña, vías públicas sin pavimentar, hacinamiento, embarazos en adolescentes, entre otros factores. 

 

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