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Con esta decisión, se suspenderían contratos laborales y órdenes de trabajo a contratistas. La hora cero podría ser declarada a partir del 2 de junio.

Sintracerromatoso votó en asamblea este viernes lanzarse a una huelga general que afectará de manera directa a 1.600 empleados y contratistas y que paralizará la producción de ferroníquel en la mina del Alto San Jorge. Esta determinación agrava en términos extremos la difícil situación financiera de la empresa y la región.

A pesar de las constantes reflexiones de los directivos de la compañía sobre las consecuencias de un cese, el sindicato desconoció que Cerro Matoso enfrenta una crisis por cuenta de la caída mundial de los precios de los minerales y la disminución de la producción por agotamiento de las reservas.

Al conocer la decisión de la asamblea, el presidente Ricardo Gaviria expresó que, “es muy lamentable ésta determinación por dos razones fundamentales: una, no existe agradecimiento por una empresa que ha generado miles de puestos de trabajo en treinta años en el Alto San Jorge y progreso para las comunidades; dos, no consideraron que, efectivamente, persisten dificultades extremas por la volatilidad de los mercados de commodities y la disminución de la producción”.

“Insistimos, Cerro Matoso no puede asumir compromisos laborales que superen la capacidad económica o que pongan en riesgo la sostenibilidad de la empresa. Si bien existe y se reconoce el derecho a la huelga, en las condiciones actuales el negocio será impactado negativamente por el paro”, afirmó Gaviria, y explicó que el pliego de peticiones presentado por Sintracerromatoso generaba cargos adicionales a la operación por USD$12 millones.

En peligro la estabilidad laboral

Días atrás, Gaviria alertó de los graves riesgos de una huelga. “Va contra la estabilidad laboral de los empleados, la calidad de vida de sus familias y atenta contra la solidez económica del Alto San Jorge. El sindicato fue indiferente. Hablamos de pérdidas por USD$75 millones en el período julio de 2015 a marzo de 2016. El 70% de la actividad económica de Montelíbano deriva de la mina”.

Al comenzar la huelga, la empresa suspenderá los contratos de trabajo y de suministros; se generarán costos millonarios por el plan de contingencia necesario para preservar los equipos. “Si se decide trabajar los hornos a baja potencia, el costo diario será de 300 mil dólares por día; pero si se apaga todo el sistema, implicaría invertir en una reparación mayor de los hornos y reanudación de las operaciones en más de ocho meses. Esto representaría un costo estimado de más de USD $50 millones, en el escenario menos costoso”, precisó el directivo.

Negociación

“Cerro Matoso presentó múltiples propuestas que no afectan de manera negativa la calidad de vida de los trabajadores. En una declaración reciente, el sindicato reconoció que la empresa les propuso hacer ajustes al nivel de otras compañías del sector, lo que ratifica que los acuerdos vigentes con nuestros trabajadores son los mejores que se han firmado en el país durante años”, señaló Gaviria.

Agregó, “Esta huelga no es un buen negocio para nadie. Al suspenderse todos los contratos de trabajo los primeros afectados son los empleados, sus allegados directos y alrededor de diez mil familias más que dependen de manera indirecta de la operación de la compañía. A pesar de que South32 es una compañía financieramente fuerte, no está en condiciones de mantener activos que no produzcan caja positiva”.

Medidas tomadas ante la crisis

La empresa hizo la revisión en los beneficios laborales del personal directivo y se ajustaron a la nueva realidad financiera al tiempo que se mantuvo la competitividad en el mercado nacional y en el sector minero. “Estos cambios fueron aceptados por los afectados. “Hemos venido haciendo ajustes constantes de nuestra estructura organizacional así como una renegociación de órdenes a proveedores y contratistas. No es fácil llegar a esas decisiones, pero prima el sentido colectivo”, aseguró Gaviria.

Antecedentes

En abril de 2015, el sindicato de Cerro Matoso se lanzó a un paro ilegal que generó consecuencias muy negativas en el desarrollo del negocio, por ejemplo, disminución de ingresos para la compañía por más de 55.000 millones de pesos. Suspensión de órdenes de trabajo a cerca de mil contratistas. No se compraron bienes y servicios por más de 28.000 millones de pesos. El Estado dejó de percibir, al menos, cinco mil millones de pesos en impuestos y regalías.

“Cerro Matoso continúa disponible para seguir las conversaciones que nos puedan llevar a un acuerdo justo y responsable para todas las partes y que evite a toda la población del Alto San Jorge enfrentar esta situación tan compleja.” aseguró Ricardo Gaviria.

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